F.U.M.A.

Franja Unitaria por la Marihuana Autocultivada

domingo, agosto 20, 2006

Derecho a la Embriaguez

Aquí les va un artículo muy interesante que encontramos en Narcosphere sobre la despenalización del cultivo de hoja de coca que hace mención del derecho a la embriaguez, es decir, a la alteración de los estados de conciencia, como un derecho humano fundamental.

DERECHO HUMANOS Y LA LEY DE LA COCA EN BOLIVIA

En 1989 un juez de la Corte Suprema alemana, declaro que el derecho a la “embriaguez” entendido como la alteración de la conciencia, está entre los derechos humanos más esenciales que hacen al concepto de libre albedrío y voluntad del ser humano, por lo tanto el Estado no tiene la potestad de prohibir el consumo de sustancias que alteran la conciencia y el organismo humano. Esta opinión jurídica salia como respuesta a una preocupación que la sociedad civil alemana tenía cuando por primera vez en Europa se discutía la posibilidad de despenalizar el consumo de las drogas, como solución estructural al incremento del uso de las drogas en las sociedades modernas. Dicho de manera directa, el ser humano tiene el derecho a alterar su conciencia y su funcionamiento orgánico vía cualquier medio, natural o químico, mientras no afecte el derecho de otros a no hacerlo. Es en este contexto jurídico que el consumo de plantas medicinales como la coca es por extensión del “derecho positivo” moderno un derecho humano, como lo es también un derecho de uso y costumbre que deber ser universalmente respetado y garantizado por las legislaciones de los Estados contemporáneos.

En el año 2008, cuando se lleve a cabo en Viena la reunión preparatoria para la próxima Convención Única de Estupefacientes de las NNUU, también se van a cumplir 20 años de la promulgación de la Ley 1008 .

En el año 1987 participe activamente como Asesor de la Central Obrera Boliviana en el rechazo de ésta norma legal que criminalizo al arbusto de coca y por extensión a los que la cultivaban y consumían las hojas de este arbusto. De hecho la lucha en defensa de la hoja de coca se convirtió en un tema estratégico para la organización sindical de los obreros bolivianos en el marco del pliego petitorio, que era elaborado cada año para ser presentado ante el gobierno nacional. Hay que entender que esta forma de negociación entre el gobierno y los sindicatos era una forma de planificar las políticas presupuestarias para todos los sectores, pero también se trataba de una prueba de fuerza y legitimidad política.

Por otro lado y tratándose de la cultivación de la coca, era la primera vez que una organización que se autodefinía como proletaria, actuaba directamente sobre un problema concebido como exclusivo a la esfera del campesinado, por lo tanto las dirigencias obreras bolivianas tenían serias dudas sobre como defender la “legalidad” de la coca en su caracterización de “estupefaciente” y “narcótico”, considerando que la coca es materia prima de la cocaína. Para 1987 el tráfico de cocaína se había convertido en una fuente importante de ingresos nacionales, aunque definidos como “ilícitos”. En este contexto, la estigmatización de la hoja de coca se daba por su asociación al “narcotráfico” y por cierto la zona del Chapare en Cochabamba era un gran mercado libre de hojas de coca para la fabricación de la cocaína, aunque también regiones de las provincias yungueñas en el departamento de La Paz, también alimentaban esta actividad.

No se puede negar que la producción de coca asociada a la fabricación de cocaína era un ingreso comparable y hasta de mayor impacto económico que la producción de estaño o petróleo en la Bolivia del año 1987. Se calculaba en ese entonces que la generación de dinero por el agregado entre la producción de coca y cocaína ascendía a los 3 mil millones de $us. Anuales, quedando en el circuito económico nacional unos 600 millones de $us., de los cuales un 10% quedaba en manos de los productores de coca. Este complejo aspecto no era claramente entendido por la dirigencia de la organización matriz de los obreros por el hecho de que la coca ya tenía la definición de ser una “droga” o dicho en el léxico de las Naciones Unidas, la coca era una “sustancia controlada”. Sin embargo, la coca para los propósitos económicos de un desarrollo campesino, también podía concebirse como un recurso natural de alto valor de intercambio si es que ésta no hubiese sido únicamente utilizada para la fabricación de la cocaína. En ese entonces ya se sabía que de la hoja de coca se podían extraer otros productos benéficos y de alto valor de intercambio; por ejemplo infusiones, goma de mascar, jarabes, crema dental y golosinas.

La ley 1008 definida como “draconiana” en su momento, era una norma totalmente inconstitucional porque violaba el principio de presunción de inocencia, forzando a los acusados a demostrar su inocencia desde la cárcel. Aun con estas violaciones de principios en el derecho humano, la ley 1008 fue aprobada en una de las más vergonzosas sesiones del Congreso boliviano de ese entonces. Minutos antes de su aprobación por el sistema del “rodillo" del MNR-ADN y MIR, este último partido se comprometió ante los dirigentes de la COB de que dicha ley no iba a pasar, mientras ellos estuviesen ahí. Minutos después de haber comprometido este apoyo y ante la atenta vigilancia de miembros de la embajada norteamericana--quienes estaban sentados en el palco presidencial de la sala del Congreso--, todos los parlamentarios incluyendo los del MIR, levantaron su mano a favor de la aprobación de la Ley 1008. La guerra contra la coca había comenzado a partir de ese momento.

La caracterización de este recurso vegetal paso a un espacio jurídico de penalización, donde la coca se convertía en un recurso “iter-criminis”, es decir una “camino” hacia el crimen de “narcotráfico”; posiblemente una de las definiciones más ridículas en la historia de la jurisprudencia. Es más la estructura química de la coca demuestra que ésta es un estimulante y no un narcótico, como la amapola. Aun con todas estas evidencias científicas e incoherencias jurídicas a favor de la defensa racional de la coca, la ley 1008 paso a ser una ley de la república boliviana.

La ley 1008 es una de las primeras imposiciones internacionales directas sobre el uso y producción de un recurso natural, aunque el neoliberalismo imperaba como sistema regente de la economía. Por otro lado, la intervención tomaba cuerpo concreto y se violaba la soberanía cultural de un pueblo, como también la soberanía jurídica de una república soberana. Pero todos los argumentos esgrimidos en ese entonces era como patear oxigeno en la atmósfera del pensamiento único generado por la doctrina de la “guerra contra las drogas”.

Hoy en el año 2005, la interrogante queda postulada: ¿para que ha servido ésta legislación? La respuesta a esta interrogante la voy a tratar de analizar en el contexto general de los objetivos del camino hacia la despenalización de la coca. que hoy está siendo retomado como un principio básico, por los productores de Yungas, a la cabeza de su dirigente Dionisio Núñez

LA DOCTRINA DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS Y LA SEGURIDAD DEL PLANETA

Para aquellos que vivieron el espíritu de época de la década de 1980, una estrella mediocre del cine norteamericano le dio el acento estructural, su nombre: Ronald Reagan. Como presidente del ascendente “imperio de las galaxias”, había establecido la “nueva política” de libre mercado que de una manera tajante se llego a conocer con el denominativo de “reaganomics”. Esta política económica significaba sencillamente hacer más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres. Las clases medias recibirían los beneficios del sistema en una especie de “goteo económico” como una suerte de migas caídas de la gran mesa del capitalismo global.

En ésta misma época Centroamérica se desangraba en los conflictos de Nicaragua y El Salvador. Los “contras” entraban en acción con fondos del tráfico de drogas y armamento comprado de Iran. La Unión Soviética estaba por colapsar con las confesiones de Mickail Gorbachov en su ya famosa “Peretstroika”. Polonia ya estaba en pleno proceso de una democracia sindical estimulada por Juan Pablo II y dirigida por Lech Walesa. El mundo musulmán estaba cautivo por las acciones de los Ayatollas radicales del Irán y el conflicto Palestino-Israelí entraba en una nueva lógica con la ascendente popularidad de Yasser Arafat. Mientras que en Bolivia se entraba en el ciclo del neoliberalismo monetarista, alimentado por el complejo productivo de la economía política de la coca-cocaína.

Esta es en parte una síntesis de la atmósfera política global donde las substancias químicas y las drogas psicotrópicas ya jugaban un rol importante en los procesos de acumulación del capital transnacional en el sector de las actividades “ilícitas”.

La popularidad del consumo de cocaína en los Estados Unidos se da después de una escalada en los precios de las anfetaminas cuyo uso había tomado una escala masiva. El consumo de cocaína cobró su importancia socioeconómica en reemplazo de drogas sintéticas las cuales eran utilizadas por un gran sector de las clases medias en búsqueda de una euforia estimulante. La sociedad de consumo norteamericana buscaba la euforia de la “estimulación” en una era de competencia salvaje impuesta por la estructura de pensamiento de la “reaganomics”. Había que estar despiertos y en estado de “alerta”, después de una época tan “relajada” como fue los años previos con la cultura del ocio “hippie”, la cultura de la protesta psicodélica, los opiáceos y el cannabis. En este sentido, los “yuppies” entraron en la escena histórica cumpliendo el guión de los valores darvinistas convocados por el liberalismo radical del dúo Reagan-Thratcher. Es decir, la competencia salvaje y por ende la sobrevivencia del más apto, sin medir las consecuencias del alto costo social.

El primer espacio económico de la era de la cocaína se dio en la ciudad de Miami, que había entrado en una crisis financiera muy severa, como efecto de los términos de intercambio impuestos por la OPEP y el cambio de la matriz productiva en casi todas las sociedades competitivas para efectos del ejercicio de la acumulación de capital. Estados Unidos estaba entrando en la era de una economía de servicios y exportando sus bienes de capital a países con mano de obra más barata.

Los bancos más importantes de los Estados Unidos necesitaban de una inyección fresca de capital financiero que no necesariamente provenga de las reservas federales. Reagan seguía el modelo de la no intervención del gobierno en actividades privadas, por lo tanto la producción de dinero fresco debería provenir de cualquier tipo de actividad. El punto de entrada de este flujo fue ciudad de Miami como la boca que alimenta de capital emergente del tráfico de drogas a un cuerpo social enfermo de una crisis financiera. Miami ofrecía un espacio de lavado de dinero mucho más flexible que Suiza, por lo tanto el costo de oportunidad, aun corriendo ciertos riesgos, era de una altísima tasa interna de retorno.

De este modo, los traficantes colombianos y empresarios cubanos exilados en Miami montaron sobre las redes de tráfico del cannabis consolidadas en los años 70, un flujo eficiente de distribución de cocaína colombiana para una sociedad hambrienta de estimulo artificial y exótico a la vez. No nos olvidemos que la “reina” de las drogas occidentales, la “champaña” de las drogas, es una especie de hija bastarda de Mama Coca.

Pues bien, que identidad más exótica para los nuevos ricos jóvenes, la de ser hija bastarda de una deidad andina, con poderes extraordinarios de estimulación inmediata. La generación de los yuppies, depredadores en su conducta de acumulación de dinero, amaría a la hija bastarda de Mama Coca a un ritmo de 100 mil millones de dólares por año. En 1987 se estimaba que en los Estados Unidos había unos 25 millones de usuarios “recreacionales” de cocaína y un tanto así pero no especificado en toda Europa.

Los consumidores de cocaína ataban con su masivo consumo la producción de coca de unas 400,000 familias de campesinos andinos, y una gama de servicios en los sectores de la diversión, transporte, construcción, química, banca, hotelería y servicios profesionales de todo tipo. El complejo de la economía política de la coca-cocaína había consolidado una serie de redes de producción y consumo, pero al mismo tiempo dio lugar a la multiplicación de agencias adscritas a la doctrina de la “guerra contra las drogas”. Se estimaba entre 1987 y 1990 que los Estados Unidos habían creado unas 60 oficinas federales, estatales y locales que se ocupaban de varios aspectos asociados al consumo de drogas y la “guerra” contra éstas. Una verdadera “cruzada” se desencadeno aunque las “victorias” de ésta guerra son de lo más pírricas, pues hasta hoy el problema estructural subsiste continua con mayor intensidad y el incremento de una mayor variedad de drogas para el consumo recreacional de las poblaciones en países del hemisferio norte y con el agravante que las poblaciones del hemisferio sur ahora también tienen mayores índices de consumo de drogas chatarra, por ejemplo el Oxy y el sulfato de cocaína.

La doctrina de la “guerra contra las drogas” se convirtió en una de las constructoras más eficientes de una gigantesca red burocrática de agencias gubernamentales que resolverían el ascendente desempleo de fuerzas policiales, agentes de inteligencia y personal militar retirado. En 1990, los contratistas privados de la Secretaria de Defensa calculaban que para que funcione el complejo militar industrial en los Estados Unidos, se necesitaba conflictos que generaran unos 20 mil millones de dólares anuales. Por cierto la “guerra contra las drogas” no garantizaba este tipo de rendimiento financiero formal. Pero en ese mismo año se resolvió este problema de insumos a la industria armamentista con la primera guerra del golfo iniciada por George Bush padre. En este contexto, la “guerra contra las drogas” tomo como su epicentro en la América Latina mediante el “Plan Colombia” tendría un financiamiento inicial de 3.5 mil millones de $us con subsecuentes aumentos para actividades “contrainsurgentes”, “guerra contra las drogas” y “anti- terrorismo”. Un verdadero cóctel molotov en la geopolítica norteamericana.

La impresionante cantidad de dinero y movilización de fuerza de trabajo alrededor del complejo coca-cocaína sirvió a fines de 1980, para rescatar a los bancos norteamericanos de una inminente crisis financiera. El lavado sistemático de dinero por parte de los traficantes latinoamericanos sirvió para solventar y estimular la circulación de dinero en efectivo, sacando a la banca de su crisis financiera. Del otro lado, los circuitos económicos “informales” de tanto Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia se aceleraron con el tráfico de cocaína y con las ganancias generadas por ésta actividad. También se beneficiaron países llamados de “transito”, como por ejemplo Chile, Paraguay y Brasil. Es obvio que quienes aprovecharon éstos circuitos de alto rendimiento financiero eran justamente aquellas personas que estaban adscritas burocráticamente al cumplimiento de la doctrina de la “guerra contra las drogas”, como también se beneficiaron los “carteles” de traficantes organizados, tomando como base de riesgo compartido los cientos de miles de campesinos productores de coca, a lo largo de las franjas altitudinales donde se puede producir este cultivo. Sin embargo la factura interdictiva más pesada de esta actividad altamente productiva de valor agregado, la pagaban los campesinos de los países andinos, especialmente bolivianos y peruanos. Hoy están pagando esta factura, comunidades rurales de Colombia, quienes son victimas de la criminal actividad de fumigación química para erradicar los arbustos de coca.

En el caso de Bolivia, en 1987 se reportaba en las cuentas nacionales del país una columna de “errores y omisiones” que se acercaba a los 400 millones de $us. Mientras que la ayuda norteamericana para la “guerra” se aproximaba apenas a los 20 millones de $us. Por lo tanto bajo estas condiciones de la generación de un “ahorro interno”, la política neoliberal de saqueo era absolutamente viable. En forma paralela, en el año 1987 se diseña la política del “desarrollo alternativo” que intentaría la substitución y erradicación voluntaria de los cultivos, especialmente en la zona del Chapare boliviano. Para 1988, la ley 1008 se aprobó, dividiendo la territorialidad de la producción de coca en tres zonas: tradicional (yungas paceños y vandiola), en transición (chapare) y zona prohibida (el resto del país). El propósito de ésta ley, al igual que leyes similares que se aprobaron en todos los países andinos, tenía por objeto controlar el vector de acumulación de capital ilícito de la cocaína y dirigirlo a diferentes sectores de la economía de especulación donde se necesitaría un estimulo. Por lo tanto la interdicción y la erradicación de la cocaína y la coca, era una actividad selectivamente programada, de acuerdo a las alianzas establecidas entre fuerzas represoras y traficantes de cocaína.

Por cierto los que tenían posesión y control de la materia prima, al igual que en cualquier otra actividad de explotación capitalista, pagarían las consecuencias y el costo del plusvalor de la cocaína, empero con el agregado de una estigmatización social por el hecho de producir una sustancia controlada.

Sin embargo en Bolivia la organización de los productores de coca ha dado resultados inesperados por los diseñadores de ésta doctrina bélica, es decir gracias a la “guerra contra las drogas” Bolivia tendrá su primer presidente indígena: un productor de coca. ¿Ironía de Mama Coca?, no simplemente estupidez y un deseo insaciable de acumulación fácil de capital financiero.

Queda una interrogante: ¿Es el mundo un lugar más seguro con la implementación de políticas anti-drogas? Creo que la respuesta es obvia. El mundo hoy es un lugar más conflictivo, más allá de que si se consumen o no sustancias psicotrópicas. Con certeza, la política de la “guerra contra las drogas” posiblemente ha multiplicado las fuentes de producción de drogas y por ende ha multiplicado los niveles de consumo de drogas en general.

ALGUNAS PROPUESTAS PRELIMINARES A FAVOR DE LA DESPENALIZACIÓN

Sin perder de vista el objetivo de la lucha por la despenalización de la coca, se debe considerar que el arbusto de la coca no solamente es un “recurso natural” de inmenso valor agregado, sino también es un “recurso cultural” que tiene un valor simbólico trascendental para los pueblos que utilizan la hoja en su forma natural, e inclusive en formas que no sean definidas como naturales. En este sentido, y considerando los marcos principistas del derecho universal, el penalizar el cultivo del arbusto de la coca es una violación de los derechos humanos que debe ser corregido. En este sentido, el derecho a consumir, producir y vender la coca y sus múltiples derivados naturales debe ser elevado a un derecho constitucional dentro de la transversal de los regimenes especiales de la nueva constitución boliviana que se rediseñara en los debates de la Asamblea Constitucional del 2006.

La coca es un recurso natural asociado a la gran biodiversidad amazónica y pertenece en este sentido al ámbito de todos los esfuerzos que se puedan definir como programas de conservación ecológica. Por cierto varios estudios sobre la coca a lo largo de los últimos veinte años de la implementación de las medidas de erradicación, han demostrado que el cultivo de la coca, bajo regimenes planificados de producción es un beneficio ecológico. De hecho entonces, la Ley 1008 es una ley que atenta contra la conservación de aspectos de la diversidad biológica de la amazonía y debe ser derogada.

Es más, se ha demostrado que del arbusto de la coca se pueden extraer productos que son absolutamente benéficos para la sociedad y beneficios económicos para aquellos que la producen, así que este arbusto debe ser despenalizado y evacuado de las listas de sustancias controladas que ha elaborado las Naciones Unidas con datos que son poco científicos y carecen de confiabilidad.

Finalmente, para efectos de resolver el problema de la coca y la cocaína, es necesario que se diseñe políticas de despenalización integrales, con la posibilidad de entrar en programas de legalización del consumo integral de la hoja de coca y varios de sus derivados, incluyendo la cocaína. Es evidente que esta propuesta es un ejercicio de concertación internacional, pero el hecho de proponerla desde un país como Bolivia, es ante todo un ejercicio del derecho a la soberanía.

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